En vilo medidas fiscales para reducir gasto público

Aunque no estaba en agenda, la Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó ayer que se derogue el Decreto de Urgencia 012 del Ejecutivo, mediante el cual se dictaron medidas fiscales para reducir el gasto público y, con ello, controlar la inflación.
El proyecto de ley 4826 cuestiona la constitucionalidad del referido decreto pues el Ejecutivo no ha demostrado que exista necesidad de actuar de forma urgente y se genera un daño y perjuicio irreversible para el proceso de descentralización del país y la economía de los gobiernos regionales y locales, que se verán afectados con la disminución de los fondos públicos que transfiere el Gobierno Central.
La derogación de ese dispositivo no permitiría cumplir la regla fiscal del primer semestre del año, que establece un superávit fiscal igual o mayor a 2%, con lo cual no se lograrían cuentas fiscales equilibradas al final del año, advirtió una fuente del Ejecutivo.
“La norma permite reducir el riesgo inflacionario. El crecimiento del gasto público empuja a la inflación al alza y, si se derogara, existiría un mayor peligro de que los precios suban, afectando a las familias más pobres”, sostuvo la fuente.
El Gobierno Central ha reconocido, en múltiples ocasiones, que actualmente existen fuertes presiones sobre la inflación por el lado interno y externo. “Lo que busca el decreto es reducir estas presiones desacelerando el gasto público”, señaló.
Ante los reclamos de diversos sectores y de los gobiernos regionales, el Ejecutivo dispuso, mediante los decretos supremos 053, 056 y 069, la flexibilización del decreto que reduce el gasto público con el fin de no afectar la inversión y atender las necesidades prioritarias de los sectores sociales (culminación de hospitales y su equipamiento), así como la implementación del proceso electoral en curso.
Dichos decretos también exceptuaron de estos límites a las universidades y a las regiones.

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